Jueces y política

03 Jun 2020

Mucho se censura la  judicialización de la política, pero si los jueces no pudieran entrar, como fuerza de equilibrio y contrapeso, en las consecuencias de las decisiones tomadas por quienes desempeñan el poder -y los políticos, en el ejercicio de sus cargos públicos son la alegoría máxima de esa figura- estaríamos más en un régimen “absolutista” que en un marco democrático.

Parece obvio que una de las ambiciones máximas de los ideólogos del ‘Procés’ de Cataluña era conseguir una Justicia propia que dependiera de la influencia de su propio poder ejecutivo y que, a más a más, fuera quien juzgara comportamientos como los de Jordi Pujol (evasor fiscal y presuntamente alguna cosa más) o Carles Puigdemont, mientras tanto exiliado en su máximo alarde de valor y autoresponsabilidad, y que dichos comportamientos no fueran evaluados desde lo que ‘malintencionadamente’ denominan el “Estado Español”, ¿acaso Cataluña hoy no forma parte de España?.

La queja sobre la judicialización de la política no entiende de un determinado color político, más a la izquierda o más a la derecha, ni siquiera territorial, se sitúe su peso gravitacional en Madrid, Barcelona, Vitoria o Sevilla.

La queja sobre la judicialización de la política no entiende, exclusivamente, de un determinado color político, más a la izquierda o más a la derecha, ni siquiera territorial, se sitúe su peso gravitacional en Madrid, Barcelona, Vitoria o Sevilla, y como ejemplo de ello acontece en estos días el segundo aniversario de la moción de censura con la que finalizó el gobierno de Rajoy, ¿habría sido ello posible sin la sentencia “Gürtel” que consideró probado el rol del Partido Popular como beneficiario a título lucrativo de un “sistema de corrupción institucional” durante el mandato de Mariano Rajoy, en dicha organización?. Es evidente que ello fue nuclear en la situación creada y en los escenarios que cerró y abrió.

Ni siquiera es un fenómeno exclusivo de España. En los Estados Unidos ha habido, hasta ahora, cuarenta y cinco presidentes, y los procesos denominados de “impeachment” (enjuiciamiento político para la destitución) han sido únicamente tres en toda su historia, pero ellos se concentran, al margen del actual (Donald Trump), en antecesores recientes: Bill Clinton (42º) y Richard Nixon (37º), es decir en los treinta y seis primeros, desde George Washington (1789) a Lyndon B. Johnson (1969), nunca se dió una circunstancia como esa. Lo cual quizás lleve implícito que la judicialización de la política es un fenómeno de tiempos recientes.

Iudicum et rei publicae

En estos días en España están tomando cuerpo otros hechos que parecen anunciar un nuevo terreno a disputar entre “iudicum et rei publicae”, y en ellos aparece un protagonista que fue juez y ahora es parte, revestido del oropel de ministro del Interior, quien no ha despejado con la debida contundencia y transparencia, la posibilidad que desde su entorno, y cercanos colaboradores, se haya exigido a un dependiente jerárquico, y funcional, el hecho de revelar el contenido de un informe del que, según la Ley, solo debe conocer la autoridad judicial competente al frente del caso investigado. 

Hablamos, como el informado lector ha podido intuir, de Fernando Grande-Marlaska, juez de carrera y magistrado de la Audiencia Nacional desde el 2006 hasta su nombramiento como ministro del Interior por decisión de Pedro Sánchez, y los hechos a los que nos referimos se precipitan con el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, anunciado como una decisión estrictamente organizacional, pero que el afectado parece decidido a llevar los tribunales, en su creencia, personal y profesional, que lo demandado por el ministro excedía de su competencia, en cuanto a afectar a una investigación judicial en marcha.

«Es un cambio de equipos, un proceso natural de sustitución basado en la confianza, no tiene ninguna otra razón ese cese del coronel Pérez de los Cobos» (Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior)

El ruido, ya de por sí estruendoso sin más complemento, ha encontrado aún más eco al tratarse, el afectado, de la misma persona que encabezó el operativo del mando único de las fuerzas de seguridad el 1-O, en Cataluña; y testigo contundente en el juicio llevado a cabo sobre aquellos hechos en la Audiencia Nacional, lo cual le convierte en nada “inocuo” en la disputa política para ciertas formaciones. Todo ello complementado con que su cese ha provocado la renuncia voluntaria del número 2 de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, como manifestación de su desacuerdo con al tratamiento dispensado a Pérez de los Cobos; y la destitución del número 3 del instituto armado, Fernando Santafé, por estar en discordancia, de forma evidente, con el sistema elegido por cubrir las vacantes producidas, que también llevaron a los números 4 y 5, Francisco Díaz Alcantud y Rafael Galán, a sopesar su dimisión. Todo muy ruidoso en una institución en la que la tradición hacía, hasta ahora, de la previsibilidad en sus formas, especialmente de ascenso y promoción, una seña de identidad.

Naturalmente que cualquier responsable tiene la capacidad legítima de nombrar a sus colaboradores, el problema es que antes ello solo alcanzaba a los estamentos políticos y ahora las propias escalas de técnicos, militares e incluso segundos niveles en las empresas, entes e instituciones, son caldo de cultivo de los nombramientos a dedo. Menos transparencia, meritocracia y objetividad, más oscurantismo y subjetividad.

Iura novit curia

De la actual directora general de la Guardia Civil, María Gámez, subdelegada del Gobierno en la provincia de Málaga desde septiembre de 2018 a enero de 2020, poco se sabe en esta crisis, más allá de que ella llamó al coronel Pérez de los Cobos en la noche del domingo, veinticuatro de mayo, para preguntarle porque no había alertado de la entrega del informe, al Juzgado de Instrucción número 51, sobre la investigación alrededor de los hechos acaecidos con ocasión del 8-M, a lo cual el interpelado le insistió en la prohibición marcada por la Ley para proporcionar ese tipo de información, siendo cesado en ese mismo momento por no haber arbitrado algún mecanismo para sí informar a sus superiores, lo que ha quedado acreditado a través de un documento emitido por la Sra. Gámez, de esa misma fecha, dirigido al Secretario de Estado de Seguridad, en el que recoge la decisión y su motivación al respecto, difundido como información periodística obtenida por ‘El Confidencial‘.

El Sr. Marlaska ha pasado de la judicatura a la política, de ser juez a ser parte y es posible que gracias a un caso como éste, pase, en el próximo futuro, a ser el imputado en otro nuevo episodio de la judialización de la política, aunque el juez, mejor que nadie, conoce el derecho. Iura novit curia. Cosas de jueces y política.