La crisis como coartada

07 Abr 2015

Cualquier ciudadano de nuestro país es consciente de los recortes que se han aplicado en España con la coartada de la crisis: la educación, la sanidad, la dependencia, la solidaridad, las pensiones, los derechos laborales, etc… han sido los terrenos elegidos como objetivos de la austeridad recetada.

Más sorprendente es que un informe publicado en el seno de la Unión Europea, a iniciativa de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, denominado “El impacto de la crisis en los derechos fundamentales de los Estados Miembros de la UE” recoja conclusiones que coinciden con la apreciación de cualquier ciudadano español, llegando  afirmar que la crisis que asola la eurozona desde 2009, al margen de empobrecer nuestras sociedades, ha supuesto una merma total de libertades, y derechos, sin parangón en la historia; los avances sociales conseguidos, especialmente, en la segunda mitad del siglo XX han sido dilapidados como un sacrificio ofrecido a los mercados financieros y a su exigencia suprema: el control del déficit.

Respecto a nuestro país, el informe abarca 130 páginas de consideraciones y en el inicio del mismo se incluye la afirmación que “Las políticas de austeridad han llevado a una desigualdad creciente en España”.

Repasa diversos aspectos, así en cuanto a “Educación” se critica la modificación de los estudios universitarios al modelo “3+2”, calificándolo como una medida para favorecer la restricción del acceso universal al conocimiento, persiguiendo una política de elitización del saber.  En cuanto a la “Sanidad” se censura el “apartheid” sanitario, señalando lo peligroso que es mantener a grupos concretos de población, fuera de los sistemas nacionales de salud, lo que cual podría afectar al resto de la población con enfermedades, ahora controladas, como la tuberculosis o infecciones contagiosas. Otro de los terrenos señalados en el informe es el relativo a las pensiones, donde se señala que una persona que se jubile dentro de once años, recibirá un 3% menos de pensiones que alguien que se jubile hoy, habiendo realizado la misma cotización. El informe no se olvida de la apuesta del gobierno de España por el empleo de baja calidad, y su precarización, habiendo eliminado derechos laborales que han tenido un “doloroso impacto sobre los trabajadores y sus familias” y que, más allá de las cifras de desempleados, hacen que un número creciente de trabajadores –aproximadamente el 20%- se sitúe por debajo del umbral de la pobreza a pesar de tener empleo.

Finalmente el “informe” realiza una serie de recomendaciones al Estado español, entre las que destacan medidas relativas al derecho a la vivienda, la aprobación de la dación de pago efectiva, un plan contra la pobreza infantil, el aumento de los salarios en base a la productividad, etc… y advierte que, en el caso de no tomar estas medidas, la desigualdad social seguirá en aumento. A este particular cabe recordar que España ya es hoy, el segundo país con mayor desigualdad de Europa, sólo superado por Letonia, según “Eurostat”.

Todo lo anterior, además, se ve aún más enmarcado por la insuficiente “independencia judicial” y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana –conocida como “Ley Mordaza”- que limita gravemente derechos fundamentales, como los de reunión y expresión.

El informe refleja la realidad de nuestra sociedad y cómo desde el poder, a través de los gobiernos, se ha ido utilizando la crisis como coartada para limitar los derechos y libertades del conjunto de ciudadanos, que hoy somos más pobres que ayer y con la certidumbre de que no volveremos a disfrutar de lo que tuvimos hace, tan solo, unos pocos años.

El Estado democrático es más fuerte cuanto más y mejor atiende las necesidades de sus ciudadanos; los recortes en derechos y libertades acrecientan la desigualdad, y es el camino inverso que habría que recorrer, rememorando a Nelson Mandela: “…una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”.

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